miércoles, 31 de agosto de 2016

¿Habemus pacem? Los desafíos en el tránsito de La Habana a Colombia

Tras cuatro años de negociaciones, se firmó en la Habana, Cuba, el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, mientras el proceso con el ELN sigue empantanado y el proceso con el EPL ni siquiera está en la agenda política. Los pronósticos que temían la posibilidad de un quiebre en las negociaciones han quedado ya sin base, cerrándose así un ciclo de lucha que, necesariamente, deberá abrir nuevos escenarios y posibilidades. La decisión de este movimiento insurgente de abandonar las armas no pareciera tener reversa y pase lo que pase, seguirán en el camino de lo que se ha llamado su “reincorporación a la vida civil”.  Aun cuando este acuerdo no genera cambios estructurales, sin lugar a dudas representa un avance significativo para la población rural –que, aunque invisibilizada, es un nada despreciable 34% de la población del país- y una oportunidad para que el movimiento popular pueda, potencialmente, articularse en función de las grandes tareas transformadoras que quedan por delante. Nada está escrito en las estrellas: todo dependerá de la lucidez y la capacidad organizativa y movilizadora del movimiento popular.

Falta su ratificación por el Congreso y la firma final en Colombia, que sería a finales de Septiembre. No se esperan grandes sorpresas en la décima conferencia de las FARC-EP, que debería ratificar el acuerdo el 19 de Septiembre. El plebiscito mediante el cual los acuerdos se someterían a refrendación por parte del soberano, quedaría acordado para el día 2 de Octubre. En este plebiscito deben obtenerse 4,5 millones de votos para el “si” para que los acuerdos sean ratificados –por eso es tan importante el motivar a la población y cerrar las puertas al retorno a la guerra total entre el Estado y las FARC-EP[1]. Pese a la pobreza argumentativa de la caverna que hace campaña por el “no”, sería insensato despreciar el arrastre que esta opción tiene en muchos sectores urbanos, aún bajo el embrujo autoritario del uribismo[2]. Aun así, el mayor desafío será alcanzar las metas requeridas para la aprobación de este referéndum.

Histórico, pero…

Si bien la firma de este acuerdo se trata de un hecho histórico, no deja de sorprender el escaso entusiasmo que se ha respirado no solamente con el anuncio de la firma final, sino durante todo el proceso. Aunque no falten razones para celebrar, hay poco ánimo de celebración. No ha habido el ambiente de fiesta generalizado que ha acompañado a otros procesos de paz, como el de Irlanda del Norte o El Salvador, por nombrar algunos; ni siquiera se ha acercado a la efervescencia democratizante que se respiraba en 1990 para el proceso de paz con el M-19, el EPL, el MAQL y el PRT. Es doloroso constatar que, al menos en los centros urbanos, ha habido más entusiasmo en las marchas contra las FARC-EP que ahora que firma la paz con ellas, lo cual en gran medida demuestra que la guerra mediática del establecimiento en contra de los rebeldes ha tenido un impacto tóxico y los ha aislado considerablemente de un gran segmento de la población que todavía cree que los insurgentes son responsables de todos los males de Colombia.

De cara al plebiscito, la actitud predominante de quienes llaman a votar “sí” pareciera ser un tibio “la guerra es peor”, o un ácido “habrá que tragarse algunos sapos”. Otras voces que están llamando a votar “sí” lo hacen, no tanto por un respaldo al contenido de los acuerdos, sino que explícitamente para votar la desaparición y desarme de las FARC-EP.[3] Una estocada final que, en ojos de estos sectores, sería como el corolario de la movilización de Febrero del 2008 en contra de las FARC-EP estimulada por el gobierno de Álvaro Uribe. Pocos son los sectores –predeciblemente la izquierda- que están llamando a votar en claro apoyo a los contenidos del acuerdo, aunque muchos perciben que un triunfo del “no” sería una verdadera catástrofe. Es una realidad que no nos gusta, pero que debemos entender para poder cambiarla.

La difícil conexión

Varios factores parecieran explicar este fenómeno. Primero que nada, es un proceso de paz que la mayoría de la población colombiana lo percibe como algo que está ocurriendo en un país distante, para resolver un conflicto igualmente distante, que se experimenta en veredas de un mundo rural ignoto para esas mayorías urbanas. A lo que hay que sumar que durante todo el proceso los medios hicieron un flaco favor al proceso con ataques permanentes a los insurgentes. Tampoco el magro trabajo de la llamada pedagogía de paz ha ayudado: los esfuerzos del gobierno por socializar los contenidos de lo acordado en La Habana, o por estimular debate en torno a ellos, han sido asaz pobres, cuando no inexistentes. A su vez, los intentos de la insurgencia por “meterle pueblo” al proceso de paz no han podido o no han sabido llegar más allá de sus áreas tradicionales de influencia o de los sectores políticos que desde siempre han pedido una solución política al conflicto.

¿Qué significa este proceso de paz para una travesti en los barrios marginales de Bogotá? ¿Qué significa la paz para una mujer indígena emigrante en una capital departamental? ¿Qué significa para los trabajadores y trabajadores tercerizados y precarizados? ¿Qué significa para esas muchedumbres que sobreviven en el subempleo? ¿Para los que chupan bóxer porque no pueden llevar un pan a la boca? El tener que recordar al pueblo que “la paz sí es contigo”, como reza la campaña plebiscitaria de la izquierda, sencillamente deja en evidencia que ese vínculo de la paz con el ciudadano del común no es evidente, que el proceso de paz es visto como algo ajeno por éste.

Ni fatalismo, ni triunfalismo: Acuerdo posible con la actual correlación de fuerzas

Se sabía que no se lograría el socialismo con las negociaciones. Se han buscado algunas reformas básicas que ayuden a superar las causas estructurales que originaron el conflicto: pero lo acordado no es la paz con justicia social que buscaron los sectores populares comprometidos con la negociación del conflicto. Ni hay paz –porque sigue el conflicto con el ELN y el EPL, así como con posibles disidencias, porque sigue el paramilitarismo en todo el país, porque sigue la estructura represiva que criminaliza la disidencia política y la protesta social, porque sigue la violencia estructural que asesina de hambre y enfermedades prevenibles-, ni hay justicia social. Pero eso tampoco significa que el acuerdo no sea un paso significativo o que no haya espacio para un “optimismo moderado” –utilizando la jerga en boga durante el proceso. Acá no debe haber espacio desde la izquierda ni para vociferar “traición” a los cuatro vientos, pero tampoco para asumir un triunfalismo alucinado. El acuerdo es lo que es: todo lo que las FARC-EP pudo firmar con la correlación de fuerzas existente, claramente favorable al bloque en el poder.

El juicio histórico puede ser muy duro con las partes[4]: una ojeada a lo acordado, automáticamente nos lleva a preguntarnos si en realidad debía correr tanta sangre para lograr unos acuerdos que, en lo grueso, suponen que el gobierno cumpla con mandatos constitucionales que ya tiene de antemano, sumado a la ampliación del sistema político existente –que no su transformación[5]. Hay, desde luego, algunos logros importantes sobre todo en lo relativo a la modernización del campo, pero el programa agrario de los guerrilleros de Marquetalia, conjunto de propuestas mínimas que inspiró la sublevación fariana durante décadas, queda como una aspiración: el problema de la concentración de tierra sigue ahí, candente. Ahora complicado aún más con el impulso que recibirá la agroindustria a través de las llamadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres). Quizás un acuerdo con mayor potencial transformador podía haber tenido un proceso de estas características y podría haber suscitado un mayor entusiasmo popular. Quizás.

La paz… ¿de Santos?

El gobierno prometió que no se tocaría el modelo y le cumplió a la oligarquía. El juicio del ELN sobre los acuerdos de La Habana, según un comunicado fechado el 05/08, es lapidario: no se modifica la realidad del país, y sigue “intacto el régimen oprobioso de violencia, exclusión, desigualdad, injusticia y depredación”[6]. En términos similares se refirió a los acuerdos un comunicado de un sector disidente del Frente 1 de las FARC-EP, que se abrió del proceso[7]. Pero no se debiera juzgar en términos excesivamente duros lo acordado: lograr un escenario diferente o un acuerdo que representara más cabalmente este deseo de paz con justicia social no era algo que dependiera, naturalmente, de las FARC-EP por sí solas. Debía, necesariamente,haberse apoyado en una amplia movilización popular que respaldara esas transformaciones y que desarrollara el potencial transformador de algunos puntos de la agenda así como de las propuestas políticas presentadas por los insurgentes en cada uno de ellos.  Pero la posibilidad de haber generado una gran convergencia popular entre el proceso de paz con la ola de protesta popular ascendente en el período 2008-2013, no se materializó. El gobierno, mediante la cooptación, la división y la sectorización del movimiento popular, frenó esa oleada, a la vez que aisló exitosamente el proceso de paz del día a día de la población. El paro agrario del 2013 fue el momento clave para destrabar esta discusión y para generar una simpatía pública, masiva, entre los temas discutidos en La Habana con la realidad diaria del país, momento que logró generar un puente entre el campo y las ciudades, donde se perfiló claramente el interés de los sectores populares en contradicción con los del bloque en el poder.

Después del paro, ante el incumplimiento del gobierno, se desestimuló la movilización popular en la calle, que algunos sectores consideraron como “inoportuna”, con la sorprendente excusa de que “desestabilizar” a Santos era debilitar el proceso de paz (y fortalecer al uribismo), para apuntar a una estrategia electoral, que fue desastrosa para la izquierda. En este contexto, el proceso de paz terminó encadenado a la figura de Santos, uno de los presidentes más impopulares en la historia, quien lo utilizó para hacerse re-elegir, a la vez que redefinió los términos de la paz y pudo pasar a una posición ofensiva. Después de tanto insistir que las llaves de la paz pertenecían al pueblo, se le entregaron a Santos en bandeja de plata. De tanto “reconocer la voluntad de paz” de Santos, presidente que comenzó gobernando con el mandato de perpetuar la “seguridad democrática”, se desfiguró la realidad de que el proceso de paz fue conquistado en gran medida por la movilización popular que tuvo su clímax en el período 2012-2013[8]. En el imaginario ciudadano, el proceso de paz no quedó solamente ligado indisolublemente a la figura de Santos, sino que además, con el lanzamiento del plebiscito por las figuras de la vieja política, quedó asociado a la politiquería nacional. ¿Hay entonces que sorprenderse por esta falta de entusiasmo?

Post-conflicto, nueva resistencia y desarrollo de una oposición social y política

El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que este acuerdo era el “mejor posible”[9] –afirmación ambigua, que demuestra que aunque hayan podido imponer muchos de sus términos en el acuerdo, tampoco pudieron imponerlo todo. Los acuerdos son como una puerta abierta, que tanto el sector oligárquico como el popular pueden aprovechar. La oligarquía buscará acelerar la penetración de capital inversionistas en la agroindustria y el extractivismo. Dependerá de los sectores populares, de su lucha y de su organización, si ese escenario se materializa o no. También dependerá de los sectores populares si el gobierno cumple o no con los acuerdos, pues –como lo pueden corroborar las comunidades del Putumayo, del Catatumbo y de todo el país- se especializan en la trampa y el incumplimiento a los de abajo –y pecan de excesiva ingenuidad quienes creen que la veeduría internacional, de la ONU o de los garantes, es garantía de que el gobierno cumplirá.

Desafortunadamente, aún hay demasiada desorganización y sectorialización de las luchas. Se requerirá del desarrollo de una nueva izquierda, de la creación de nuevos liderazgos colectivos y de un amplio proceso de organización y movilización popular. Aunque se insista tanto en la unidad de la izquierda, lo cierto es que antes que todo es necesario un gran esfuerzo de construcción para llegar a todos los sectores oprimidos, excluidos, hambreados que necesitan de un nuevo modelo. Se requiere de audacia, de visión, de decisión, de mucho diálogo, de escuchar al otro, y de mucha organización. Solamente en base a una amplia organización y activa búsqueda de creación de espacios para que se exprese de manera constructiva el descontento, se podrá hablar de una unidad que sea mucho más que la mera sumatoria de los mismos dirigentes de siempre. Una unidad que surja orgánicamente en torno a la identificación de ejes mínimos de acción común, y desde las propuestas surgidas en las mil y una luchas que a diario desarrolla el pueblo. Requiere también de una nueva forma de entender y hacer la política, verdaderamente desde abajo, desde el mundo popular, huyendo de los viejos vicios de la política tradicional como de la propia peste, en lugar de asumirlos poco a poco como si fueran muestra de madurez. Por todo ello, disociarse de la figura de Santos y reclamar la vocación de la izquierda como oposición (arrebatándole ese espacio político al uribismo, que lo ocupa de manera fraudulenta) es un paso fundamental que puede llevar a re-encantar al pueblo con la idea de la construcción de la paz con justicia social, ligada a un proceso de movilización y transformación social.

Una lucha cuesta arriba, un pueblo con experiencia y tesón

De momento, los dados están tirados a favor del bloque dominante. El triunfalismo de estos sectores es evidente en las declaraciones del comandante del Ejército colombiano, general Alberto Mejía, quien expresa que el ejército está listo para garantizar la integridad de los ex-guerrilleros: "Para nosotros no es una humillación, para nosotros es un honor porque quien las cuida es quien ganó la guerra, porque quien las cuida es quien queda con las armas, quien las cuida es quien viste los uniformes de la República"[10]. Claro, podría entrarse al debate si las FARC-EP están o no derrotadas, cosa discutible, o la pírrica naturaleza (en el mejor de los casos) de esta supuesta victoria del ejército; pero es necesario reconocer que, se piense lo que se piense de este grupo insurgente, hoy la hegemonía la tiene el bloque dominante, no los sectores populares. Al “monopolio de la fuerza” que el Estado oligárquico reclama, hay que oponer una fuerza aún mayor a sus ejércitos y sus armas: la del pueblo organizado. Porque aunque se hable mucho de que ya no se hará política sin armas, como decía el revolucionario africano Amílcar Cabral, en el capitalismo toda lucha es armada: el Estado siempre tiene armas y las utiliza en contra del pueblo cuando sus intereses y su dominación se ven amenazados[11]. Cuando el pueblo ejerza su derecho a hacer política en las calles, el ESMAD, la policía o el ejército, políticamente, la reprimirán. Por la fuerza y con las armas, apoyados en la re-estructuración que los EEUU (¿quién más?) ya están implementando para la fuerza pública en el post-conflicto, y por el nuevo código de policía y la ley de seguridad ciudadana.

El apoyo al “sí” en el plebiscito no debería obviar que esto no es ni el fin del proceso ni el comienzo de la construcción de una nueva sociedad, sino un paso más, de una larga historia de resistencias, en el largo camino hacia la conformación de un bloque popular capaz de imponerle a los sectores oligárquicos un modelo alternativo, radicalmente democrático, igualitario, libertario. Es necesario también reconocer que, más allá del debate sobre la naturaleza de la paz o la violencia estructural intrínseca al sistema, sin el ELN y sin el EPL no puede hablarse de construcción de paz, por lo cual rodear la solución política para estas otras expresiones insurgentes se vuelve un imperativo político, ético y moral. Es importante hoy pensar autocríticamente en las fuerzas sociales y políticas existentes, en el contexto territorial, nacional, regional e internacional tan complejo en que éstas deben operar[12], y aplicar la auto-crítica para ir corrigiendo los errores, y así poder revertir esa correlación de fuerzas desfavorable para los sectores populares. Una tarea nada fácil, pero impostergable. Hoy, en vez de enfrascarse en fórmulas fáciles, reemplazando la reflexión por las consignas a favor o en contra, corresponde aplicar la máxima de Gramsci de ser pesimistas del intelecto, pues las dificultades objetivas que se enfrentan son inmensas, pero optimistas del corazón: pues somos conscientes del enorme potencial de lucha del pueblo colombiano así como de las valiosas experiencias acumuladas en casi un siglo de resistencia. Solamente así se podrá desarrollar un proyecto que realmente entusiasme al conjunto del pueblo colombiano y gane su corazón. Y con un pueblo entusiasmado, las fuerzas transformadoras serán imparables.

José Antonio Gutiérrez D.  
31 de Agosto, 2016




[1] Lamentablemente, en meses anteriores, sectores de la izquierda gastaron demasiada tinta y saliva atacando la idea del plebiscito, el cual veían como una opción excluyente de su llamado a una asamblea constituyente. Asamblea constituyente que, de realizarse en la actual coyuntura, muy probablemente no sería favorable a los sectores populares y podría significar hasta un retroceso de la constitución de 1991. Las buenas ideas no bastan: hay que entender el contexto y la coyuntura en la cual deberían llevarse a efecto.
[2] Los medios, nuevamente, en su tarea de fabricar percepciones ciudadanas, entregan encuestas que dan triunfo a veces al “si” a veces al “no”, dependiendo de la agenda política del momento.
[3] Ver en este sentido la editorial del Espectador del 25/08, “la paz, entendida como el desarme y el fin del conflicto con las distintas guerrillas, ha estado en la agenda de todos los presidentes (…) [pero] nunca hemos tenido una propuesta tan cercana para desarmar a las Farc. Sea como fuere, por primera vez el país tiene la oportunidad de pensarse sin la existencia de esa guerrilla”.
[4] Para que una guerra sea considerada “justa” según el Jus ad Bellum, una de las partes debe demostrar que no podía obtener lo que se obtuvo sino mediante el recurso a las armas. Esto será un tema de disputa candente durante las décadas venideras en Colombia, igual como lo sigue siendo en Irlanda dos décadas después del inicio del proceso de paz en ese país.
[7] http://www.elespectador.com/noticias/politica/frente-de-farc-dice-no-entregara-armas-articulo-641831 El comunicado de las FARC-EP que acusa a estos disidentes de tener motivaciones “económicas” (minería, narcotráfico) es desafortunado porque desconoce las razones –equivocadas o no- eminentemente políticas que entregan y porque esa clase de acusaciones, lanzadas a un grupo salido de su seno, puede fácilmente volverse en su contra y perpetuar los estereotipos dominantes sobre la insurgencia colombiana, que como todos los estereotipos, suelen ser erróneos.
[8] Escribimos extensamente sobre este tema a su momento. Algunos de los artículos son “¿Tiene Santos las llaves de la paz?”, “Sólo la lucha decide”, “El proceso de paz ¿secuestrado por el miedo?” y Habemus presidente: mandato por la paz con injusticia social.
[11] https://www.marxists.org/subject/africa/cabral/1968/ppt.htm Es importante no caer en una visión idealista, liberal y burguesa del Estado como la encarnación del “contrato social”, o del “bien común”. El Estado es un aparato de dominación, de clase, diseñado para servir a los sectores oligárquicos y ejercer la violencia cuando los sectores subalternos se rebelan. Cualquier conquista favorable a los intereses populares es a pesar de este Estado, no gracias a él.
[12] Antes de iniciado el proceso de paz, polemizaba con una carta abierta que Medófilo Medina había enviado al entonces comandante de las FARC-EP Alfonso Cano, quien fuera asesinado a los pocos meses en estado de absoluta indefensión por orden expresa de Santos, en momentos en que ambos discutían sobre negociar la paz. En esa ocasión se decía que una de las razones para que las FARC-EP se desmovilizaran era el contexto regional, en el cual la izquierda había podido llegar al poder por las urnas. Desde esta óptica, el actual escenario, marcado por la destitución de Rouseff y la profundización de la crisis venezolana, ¿cambiaría la evaluación de estos sectores respecto a las posibilidades políticas de las FARC-EP? Para leer la polémica, http://www.anarkismo.net/article/20115


domingo, 28 de agosto de 2016

Bolivia. Conflictos y violencia en el modelo extractivista del capitalismo dependiente

La escalada de violencia en el conflicto del gobierno progresista con las cooperativas mineras es una lección dura; pero, en todo caso una lección[1]. La muerte de tres mineros cooperativistas y el asesinato del Viceministro de Gobierno, de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, en el conflicto reanudado, después que el gobierno promulga la ley sobre la sindicalización en las cooperativas, son indicadores del desborde de la violencia, tanto del Estado como la de los bloqueadores. Ciertamente el asesinato del viceministro descalifica la demanda de los cooperativistas mineros; es más, convierte a la demanda en objetivo gremial, que se coloca por encima de la vida. El gobierno increpa a los cooperativistas mineros, los acusa de conspirar con la “derecha” contra la autoridad legítimamente constituida, incluso contra el Estado, al estar en connivencia con las empresas trasnacionales; además de tener contratos con las empresas privadas a quienes les entregan los minerales que extraen. Esto último, ¿acaso no lo sabían, cuando fueron los cooperativistas sus aliados, conformando un Pacto de Unidad chuto, sin las organizaciones indígenas, que fueron separadas, incluso destruidas? Por qué recién sacan a luz una evidencia sabida por muchos, por lo menos, por los que se hallan vinculados a la minería, de una u otra manera. 

Lo que ha cambiado es la coyuntura económica, por así decirlo, bajaron los precios de las materias primas; en el caso de la minería, de una manera estrepitosa, también de los hidrocarburos. En las condiciones de bonanza económica, solo teniendo en cuenta los altos precios de los minerales, en la coyuntura anterior, había holgura como para poder beneficiarse con los ingresos provenientes de la minería; tanto en la condición de asociados cooperativistas, como en la condición de Estado, debido a las regalías, considerando también a los gobiernos departamentales mineros. Aunque el porcentaje de las regalías es bajo, como en el periodo neoliberal, de todas maneras, los gobiernos departamentales y el gobierno central se sentían satisfechos. A pesar que la mayor parte de la torta se llevan las empresas extractivistas trasnacionales.

En la coyuntura de baja de los precios de la materias primas, coyuntura de crisis económica, la alianza entre gobierno populista y cooperativas mineras entró en conflicto; se fisuró, para llegar hasta quebrarse. Gobierno y cooperativistas mineros están enfrentados en una batalla por el control de los yacimientos minerales. De hecho los cooperativistas controlan el 27% de la explotación minera, en tanto que la empresa pública sólo controla el 3%; en cambio las empresas privadas, principalmente transnacionales, controlan el 27%. Los cooperativistas ganaron muchas concesiones de parte del gobierno, sobre todo, en espacios fiscales, que eran destinados a COMIBOL; además de excepciones en regalías, tributos e impuestos. Están exentos de muchos de ellos. Por otra parte, la Ley Minera, a pesar de lo que dicen los cooperativistas, que quieren más, abre la norma a mayores concesiones a las empresas privadas, a las que, efectivamente, en la práctica, pertenecen las denominadas cooperativas mineras. Hay más beneficios, tanto en lo que respecta a su efecto de irradiación respecto a los espacios aledaños a las concesiones, así también como el uso gratuito del agua. Se soslaya en dicha Ley que las llamadas “cooperativas mineras” no lo son, pues se trata de asociados “cooperativos”, que contratan como patrones trabajadores a destajo.

¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué dos aliados rompan, quiebren la alianza? ¿Qué la crisis económica de la baja de los precios los haya llevado a la pugna? ¿Crisis del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente? ¿El desborde de la violencia que ya ha llegado a la forma de asesinato? ¿El desprecio a la vida y poner encima de ella los intereses gremiales y también del Estado? Quizás el problema más preocupante, por no decir, angustiante o desmoralizante, sea que la sociedad no sea capaz de leer los signos de los eventos dramáticos; que se adhiera, por costumbre, a las sandeces que dicen los medios de comunicación, a las tristes y elementales argumentaciones de los políticos, sean oficialistas o de oposición. Que no sea auténtica, que no sea sociedad alterativa, que se encuentre atrapada en la camisa de fuerzas de la sociedad institucionalizada. Que no sea capaz de hacer uso crítico de la razón.

El asesinato del viceministro de gobierno y las tres muertes de los mineros cooperativistas, ocasionados por francotiradores de la policía, son síntomas del desborde de violencia a donde ya hemos llegado. Estas muertes, la forma de su acaecimiento, abren la etapa de lo que viene; lo que viene es el despliegue descarnada de violencias más crueles.

La responsabilidad en este asunto, en el desborde de la violencia, corresponde tanto al gobierno como a las cooperativas mineras. El Estado es violencia concentrada y violencia condensada, aunque la denominen, en la teoría crítica, monopolio de la violencia legítima, no dejan de ser eso, violencia. El tema es que esta violencia ya ha llegado al umbral y ha cruzado el límite, cuando ya se ingresa a otros agenciamientos. Les ocurre a las sociedades institucionalizadas cuando se dejan llevar por la “ideologías”, en su peor versión, por discursos elementales y miserables, sectoriales o estatales. Lo que pasa es eso, lo que se ha vuelto una constante en las historias políticas de la modernidad. El enemigo, aunque sea circunstancial, es demonizado, convertido en un monstruo, para justificar su asesinato. La política se vuelve una religión, el esquematismo político de amigo/enemigo se convierte en el esquematismo religioso de fiel/infiel.



El delito y la pena: un acercamiento desde la teoría anarquista


1. Introducción
Uno de los debates más controvertidos de la teoría jurídica clásica y de la moderna es el de la entidad del delito y de la naturaleza de la pena. Definir lo que se entiende por delito y manifestar cuál es el carácter de la pena es una cuestión que va de la mano de la concepción misma del Estado. Es así que, mientras la tradición liberal clásica entiende al orden jurídico punitivo en consonancia con la existencia de un Estado funcional al mantenimiento de cierto “orden” social, la tradición anarquista concebirá a la normativa coercitiva del derecho penal como una de las manifestaciones más nefastas del Estado y destinada a desaparecer con él.

Más aún, para los anarquistas el ordenamiento penal no hace otra cosa que incorporar a la vida social una instancia de ruptura de la dignidad humana y des-solidarización mayor. La represión policial y judicial genera en la sociedad males mayores que los causados por el delito, y es a causa de sus efectos, generadora de grandes injusticias y de opresión 1.

 En lo que sigue, se pretende explorar, sin pretensiones de agotarlas, algunas de las ideas centrales de ciertos exponentes de la llamada teoría anarquista en relación con la entidad de las figuras jurídicas del delito y de la pena. Se buscará abarcar lo que podría ser una descripción crítica de los sistemas penales modernos, y en especial de la prisión. En relación con la teoría anarquista, este trabajo se centrará principalmente en la visión de Piotr Kropotkin, quien describiera, en su texto Las prisiones, hacia fines del siglo xix, el sistema penitenciario europeo, especialmente la prisión francesa de Clairvaux. Sobre este último punto serán de oportuna inclusión y comparación algunas de las ideas descriptas en el siglo xx por el francés Michel Foucault al referirse al sistema penal moderno en su obra Vigilar y castigar de 1975. 

2. El delito
“…Todos los ilegalismos que el tribunal codifica como infracciones, el acusado los reformuló como la afirmación de una fuerza viva: la ausencia de hábitat como vagabundeo, la ausencia de amo como autonomía, la ausencia de empleo del tiempo como plenitud de los días y de las noches”2 . 

Hablar de delito implica hablar antes de ley. No hay delito sin ley previa que haya sido quebrantada, ley emanada de un Estado que se defi ne por el monopolio de la coerción que le permite imponer un orden jurídico determinado. En esta línea, una de las cuestiones que más ha interesado a la literatura jurídica, especialmente a sus vertientes sociológicas, ha sido la cuestión de los motivos que llevan al hombre a delinquir. Muchas –y de las más variadas implicancias– han sido las respuestas. 

Desde el anarquismo, y en consonancia con los postulados generales básicos de su concepción sobre la propiedad y el Estado, se ha dado una respuesta muy contundente sobre el origen de la delincuencia. Las causas del delito no las debemos buscar en el individuo que comete un delito sino en la sociedad. Es la sociedad y su sistema capitalista y excluyente el que genera el quiebre social necesario para que alguien delinca. La mayoría de los delitos está constituida por delitos contra la propiedad; en una sociedad anarquista, donde la propiedad privada no existiera, tampoco existiría ese tipo de delitos. Siendo para el anarquismo que el hombre es resultado del medio en el que crece3 , sólo cambiando a este último es que el delito puede ser prevenido. Esta última afi rmación pretende acabar con las posturas conservadoras que prefi eren encontrar las causas del delito en cualquier otro lado. Una de las más conocidas es la teoría positivista del italiano Ezechia Marco Lombroso (más conocido como Cesare Lombroso), que cree ver las causas de la criminalidad en la conformación física de los individuos 4. Piotr Kropotkin, en Las prisiones, lo critica cuando aquél afi rma que la sociedad debe tomar medidas frente a quienes presentan los “signos físicos” de la delincuencia. Es posible –dirá– que las enfermedades favorezcan la tendencia hacia el crimen, pero de ninguna manera podemos inferir de ello que sean la causa de los mismos: “La sociedad no tiene ningún derecho que le permita exterminar a los que cuentan con un cerebro enfermo ni reducir a prisión a los que tengan los brazos algo más largos de lo ordinario”5.

De esta manera, las causas fisiológicas, si bien podrían llegar a contribuir, no pueden ser causa determinante de los hechos de quien delinque. No son causa de criminalidad. La causa la encontramos en el seno mismo de la sociedad, en la lógica competitiva que premia a los que han salido airosos de ese enfrentamiento social 6 . Desde una versión libertaria, podemos decir que el quiebre en la solidaridad social, que provoca una reacción anómica en gran parte de los marginados sociales, es producto puro del individualismo propietario característico de la sociedad moderna. El crimen es fruto de una determinada relación de clases, no es algo inherente a la condición humana. Tampoco puede escapar a la razón –no sólo anarquista– que la mayor parte de los delincuentes provengan de un determinado sector social: 

“…El crimen no es una virtualidad que el interés o las pasiones hayan inscripto en el corazón de todos los hombres, sino la obra casi exclusiva de determinada clase social; que los criminales, que en otro tiempo se encontraban en todas las clases sociales, salen ahora casi todos, de la última fila del orden social”7 . 

Podríamos preguntarnos acaso si la opulencia exuberante que convive con la pobreza de manera cotidiana en nuestras ciudades no es causa suficientemente generadora de la violencia y quebrantamiento social. Kropotkin lo explica de manera muy gráfica cuando dice: 
“De año en año millares de niños crecen en la suciedad moral y material de nuestras ciudades, entre una población desmoralizada por la vida al día, frente a podredumbres y holganza, junto a la lujuria que inunda nuestras grandes poblaciones. No saben lo que es la casa paterna: su casa es hoy una covacha, la calle mañana. Entran en la vida sin conocer un empleo razonable de sus juveniles fuerzas. El hijo del salvaje aprende a cazar al lado de su padre; su hija aprende a mantener en orden la mísera cabaña. Nada de esto hay para el hijo del proletario que vive en el arroyo. Por la mañana el padre y la madre salen de la covacha en busca de trabajo. El niño queda en la calle; no aprende ningún ofi cio, y si va a la escuela, en ella no le enseñan nada útil. No está mal que los que habitan en buenas casas, en palacios, griten contra la embriaguez. Mas yo les diría: Si vuestros hijos, señores, crecieran en las circunstancias que rodean al hijo del pobre, ¡cuántos de ellos no sabrían salir de la taberna!”8 .

Lo asombroso sería entonces que no existiera una cantidad mayor aún de crímenes en estas condiciones de inequidad. Desde este punto de vista, no debemos sorprendernos del crecimiento de la criminalidad sino asombrarnos de que aún queden visos de humanidad entre nosotros 9 . 


jueves, 25 de agosto de 2016

Chocó. “Cuando el pueblo se une, en una causa justa, no hay quien lo detenga”

Tras siete días de paro, las negociaciones encaminadas a poner fin al Paro Cívico (PC) prosiguen. Gobierno y representantes de organizaciones sociales aún no han llegado a un acuerdo definitivo pero se han alcanzado acuerdos parciales, relacionados con la culminación de vías terrestres, el saneamiento financiero del Hospital San Francisco de Asís, la construcción de cuatro nuevos centros de atención hospitalaria y el caso de Belén de Bajirá, cuya pertenencia al Chocó se comprometió a defender el Ejecutivo ante el Congreso de la República. La redacción de uno o varios Conpes parece ser la única vía para asegurar la credibilidad y el cumplimiento del Gobierno. 


El pasado domingo abrieron sus puertas almacenes y tiendas en Quibdó, capital chocoana. Habían estado cerradas desde el miércoles 17 de agosto, cuando inició el PC que ha logrado movilizar a parte importante de la población del departamento. Los chocoanos salieron masivamente a las calles en busca del aprovisionamiento necesario para seguir con el paro indefinido, decretado para exigir al Gobierno el mejoramiento de las pésimas condiciones económicas, sociales, de infraestructura y servicios públicos que viven desde hace décadas (Consultar, Lanzado paro indefinido en el Chocó: https://www.desdeabajo.info/colombia/item/29526-lanzado-el-paro-civico-indefinido-en-el-choco.html ).

Los alimentos y productos adquiridos fueron insumos necesarios para la gran jornada de movilización que sobrevino el pasado lunes 22 de agosto. Denominado día D, el lunes trajo consigo una movilización masiva de más de 70.000 personas que se volcaron una vez más sobre las calles de Quibdó para manifestar su descontento y expresar que antes que desanimarse, permanecían en pie de lucha ante la actitud dilatoria con la cual el Gobierno estaba manejando la situación. Ese día no ‘volaron’ las piedras, no se registraron mayores incidentes de alteración del orden público, las calles del Chocó fueron tapizadas con arengas, música y representaciones dramáticas que acompasaron la protesta.

Al tiempo que esto sucedía, medios de comunicación informaban que había sido pactado un preacuerdo con el Gobierno para levantar el PC. Desinformaban una vez más, pues esto solo sucedería horas después . Tal “preacuerdo” no era más que el ofrecimiento por parte de un grupo de funcionarios, de una serie de medidas basadas en las exigencias de los líderes del paro, muy cierto, pero hecha en una mesa de trabajo que contaba con la presencia del Gobernador del Chocó, de dos representantes a la Cámara por el departamento, sin contar con la presencia de delegados del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, principal organización de esta protesta.

Ante la molestia generada entre los manifestantes y voceros, por las propuestas surgidas de la mesa de trabajo entablada entre los días sábado 20 y domingo 21 de agosto, el viceministro del interior Guillermo Rivero, quien ha liderado por cuenta del Estado la mesa de negociación se refirió : “Lo que hicimos entre sábado y domingo fue afinar las respuestas del Gobierno, obtener la información más detallada posible de cada uno de los temas que están contenidos en el pliego de peticiones, para poder venir y ofrecer respuestas concretas y bien estudiadas".

No hay humo blanco aún
El Chocó completa, al momento de escribir esta nota –martes 23 de agosto– su séptimo día de movilización, y hasta el momento las negociaciones no han conducido a un acuerdo entre el Gobierno y los líderes y voceros del paro. Por el contrario, el Gobierno entabló una mesa paralela con la que prefabricó unos acuerdos para llevar, a través de sus delegados, como oferta a las organizaciones que lideran la movilización en el territorio.
Olvidó la delegación gubernamental que quien convocó la jornada de movilización no fue ni el gobernador, ni los representantes a la cámara, sino una serie de organizaciones sociales con la cuales de manera paradójica, no se había sostenido un diálogo fluido y serio desde fines de la semana anterior, y con las que había que sentarse a elaborar la propuesta. Otra muestra de que el Gobierno, al igual que en el paro de los camioneros  http://desdeabajo.info/colombia/item/29246-inmoviles-siguen-los-camioneros-en-las-vias-del-pais.html  y el paro de los maestros del Cauca http://desdeabajo.info/colombia/item/29246-inmoviles-siguen-los-camioneros-en-las-vias-del-pais.html , sigue conservando su amañado estilo de negociación antes que sentarse a la mesa directamente con los actores y llegar a acuerdos serios, definitivos, que pongan fin a las situaciones que las generan.
Las negociaciones en Quibdó, entre la delegación gubernamental liderada por el viceministro Rivero y lideres del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, continuaron el día lunes y prosiguen hoy martes. El documento de “preacuerdo” (Ver recuadro 1) construido entre la delegación oficial y dignatarios del departamento en el Palacio de Nariño ha sido, a pesar de la manera como fue construido, el insumo de discusión sobre el que se han logrado algunos acuerdos provisionales.
El gobierno se comprometió a girar 720 mil millones de pesos al departamento para la culminación de los 70 kilómetros faltantes a las vías Quibdó/Medellín y Quibdó/Pereira. Dicho compromiso contempla que estos recursos sean asegurados a través de un documento Conpes que será elaborado por el gobierno nacional como hoja de ruta para la finalización de estas obras reclamadas por el Chocó en movilización. También se logró un acuerdo provisional para que el Estado sane fiscalmente al Hospital San Francisco de Asís, asumiendo un pasivo del orden de 37.000 millones de pesos, además de construir un hospital de tercer nivel en Quibdó, y tres de segundo nivel en otros lugares del departamento. En otro de los acuerdos importantes, el Gobierno se comprometió a defender ante el Congreso de la República la pertenencia del Chocó de Belén de Bajirá municipio en disputa con Antioquia.

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Una amenaza para la paz: La minería puede ser la coca del posconflicto

Por Raúl Zibechi / Rel-UITA 

Tras cinco décadas de guerra, Colombia está comenzando a transitar una nueva realidad luego de cuatro años de negociaciones entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, en La Habana. El motor de la guerra fue la lucha por la tierra. 


Para los campesinos, la defensa de sus parcelas de autoconsumo era cuestión de sobrevivencia. Para los terratenientes, la ampliación de la frontera agropecuaria estaba atada a la acumulación de capital, por ser una economía rentista de escasa inversión.

Desde la década de 1980, los cultivos de coca y los laboratorios para la elaboración de cocaína le dieron nuevos significados a la guerra. 

La alianza entre narcotraficantes y militares llevó a la formación de grupos paramilitares que asesinaron entre 3.000 y 5.000 miembros de la Unión Patriótica (ligada a las FARC), entre ellos dos candidatos presidenciales, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes. 

El fenómeno paramilitar provocó hondas mutaciones en la sociedad colombiana.

En las dos últimas décadas los campesinos perdieron más de seis millones de hectáreas (el 15 por ciento de la superficie agropecuaria) a manos de narcotraficantes y paramilitares que se han convertido en grandes terratenientes, ahora legalizados a través de la “desmovilización” pergeñada durante la presidencia de Álvaro Uribe. 

La cuestión minera. Un tema ausente en las negociaciones de paz 

La paz necesita un nuevo modelo de desarrollo. Los seis temas de la agenda de La Habana incluyen “Solución al problema de las drogas ilícitas” y “Política de desarrollo agrario integral”, que pasa por la restitución de tierras a los campesinos.

Sin embargo, la llamada “locomotora minera”, la principal propuesta del gobierno para el período que se abre, es la gran ausente en las negociaciones de paz. 

En la X Feria Internacional Minera celebrada en septiembre de 2014 en Medellín, el viceministro de Minas y expresidente de la Cámara Colombianade Minería, César Díaz Guerrero declaró que “el sector llamado a ser el gran jugador en el posconflicto se llama minería”. 

El sector representa el 2,5 por ciento del PIB y permitiría resolver los problemas sociales: “No hay un municipio de Colombia donde no tengamos minería, eso nos permitiría desarrollar actividades mineras en todo el territorio para incorporar seguramente algunos reinsertados” (El Espectador, 18 de setiembre de 2014). 

Para el sociólogo Alfredo Molano, uno de los más lúcidos analistas de las causas de la guerra, “hay dos horizontes contrapuestos: el campesino, modesto en escala, limitado en la acumulación de capital, pero estable desde el punto de vista social; y el minero empresarial, ambicioso, devastador y respaldado incondicionalmente por el gobierno” (El País, 2 de mayo de 2015). 

En Colombia la minería a cielo abierto es una forma de guerra, que está siendo impulsada y protegida por los paramilitares. La coca ya no es el gran problema colombiano, sino la minería. 

De las tres millones de hectáreas que integran el departamento del Cauca, dos millones están comprometidas en el desarrollo minero-energético, algo que inevitablemente va a afectar a la mayoritaria población rural. 

Un tercio de la superficie del país sufre el mismo destino, siendo la minería aurífera la más problemática. 

De la coca al oro. Más problemas y dramas para el campo

La minería tiene, en el caso colombiano, cuatro grandes problemas. 

El primero es ambiental y debería estar fuera de discusión. El desarrollo de la minería amenaza al Macizo Colombiano (donde nacen los grandes ríos: el Magdalena, el Cauca, el Putumayo y el Caquetá) y surte el 70 por ciento de los acueductos del país. 

Molano sostiene, en base a datos de la CEPAL, que el 48 por ciento del territorio se está desertificando, siendo uno de los tres más ricos del mundo en recursos hídricos. 

El plebiscito, la izquierda y los sectores libertarios

Por:Julián L. Acción Libertaria Estudiantil 


El 3 de septiembre del 2012 en un alocución presidencial se presentó lo que sería la hoja de ruta de negociación entre las partes que meses atrás venían discutiendo las posibilidades de poner fin al conflicto armado protagonizado por el gobierno nacional y las FARC-EP. Dicha ruta de negociación, que además generaría los criterios de la misma, se publicó con el nombrede “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, en donde se haría énfasis en la necesidad de vincular a la sociedad en su conjunto lo cual implicaba el hecho de que lo acordado debería ser refrendado por el pueblo colombiano.

Aunque las FARC-EP insistiera durante estos casi cuatro años de negociación en que los acuerdos deberían culminar con la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, en el último anuncio del 23 de Junio, el llamado “último día de la guerra”,las partes llegan a un acuerdo para muchos inesperados, ya que parecía que el mecanismo de refrendación supondría el punto de quiebre de todo lo acordado hasta el momento: Las FARC-EP deciden renunciar, por lo menos en lo inmediato, a que el pos-acuerdo sea abierto por una asamblea nacional constituyente y acoge una “fórmula de convergencia” que implicaba dejar en manos de la Corte Constitucional la decisión sobre el mecanismo de refrendación1, la cual, como era previsible, inclinó la balanza hacia la propuesta del gobierno nacional de implementar un plebiscito.

Lo que se sabe de la reforma constitucional que da vía libre al plebiscito parece aún no dar respuesta a todos los posibles escenarios2, por ejemplo ¿qué pasaría si la votación en el plebiscito no supera el umbral definido del 13% del censo electoral? ¿Qué sucedería legalmente si circunstancialmente ganara el no? La corte hasta el momento se ha referido a que cualquier escenario desfavorable para el plebiscito podría ser atajado con otro acto legislativo o con la construcción de otro acuerdo entre las partes que no implique refrendación. Como sea, se hace evidente que en medio de un país políticamente polarizado en torno a los acuerdos, estos deberían arrancar con un respaldo social que lo blinde mínimamente de legitimidad por una mayoría en las urnas.

En este escenario las fuerzas políticas han empezado ya a mover sus fichas. Por un lado, la derecha más recalcitrante, integrada principalmente por ganaderos y terratenientes como lo demuestran quienes firman el llamado a construir el Movimiento de Unidad Republicana en oposición al plebiscito3, han empezado a actuar en bloque tras la figura de Álvaro Uribe Vélez y de su partido el Centro Democrático, empujando una campaña por el NO, esta vez ya no negándose a las posibilidades de dialogo para terminar la guerra sino ahora argumentando que los actuales acuerdos entregan demasiadas concesiones a la insurgencia y se hace necesario renegociar. El impacto de esta campaña aun genera confusiones, algunas encuestas han expresado que se va imponiendo el NO sobre el Sí4, aunque otras la desmienten. Vale la pena anotar además que este sector ha sabido jugar con el descontento de los sectores sociales frente al gobierno nacional para promover su campaña, como sucedió en el marco de las negociaciones del paro camionero, con taxistas e incluso con sectores campesinos. Así es claro que es esta derecha la que se presenta como el más peligroso enemigo del plebiscitico.

En la otra esquina encontramos a una diversidad de sectores, en muchas ocasiones contradictorios, que levantan conjuntamente, en una apuesta táctica, la campaña por el SI. Por supuesto la coalición de la Unidad Nacional en el gobierno ha sido uno de sus mayores promotores intentando garantizar con ello su continuidad en el poder.

La izquierda ante el plebiscito
Aunque el grueso de la izquierda coincide en la necesidad de que el proceso se lleve a buen término y se pueda avanzar a un escenario en donde la mediación de las armas no marque el ritmo de la política, existe una controversia sobre el papel que esta debe jugar. Más o menos las posiciones oscilan alrededor de dos perspectivas: por un lado algunos sectores de izquierda, asociados al trotskismo y el maoísmo, han manifestado una fuerte crítica al proceso y aunque expresan su deseo por el fin del conflicto se apartan de la campaña por el SI al plebiscito manifestando que los acuerdos no son garantías para la lucha pero además que esa “paz” poco tendría que importar al movimiento social que se ha movido históricamente en la lucha amplia y de masas. En esta posición encontramos al MOIR, quizá la fuerza de izquierda con mayor influencia política en el país, que en manos de Robledo decide apoyar a rechistas el SI en el plebiscito más que por convicción por una necesidad de no aislarse de la coyuntura nacional, sin que eso implique sumarse a hacer campaña por el SI. También encontramos en esta posición el menos influyente Partido Socialista de los Trabajadores (PST – LIT) quienes han sido promotores históricos del voto en blanco y para el caso del plebiscito junto a otros sectores, como la denominada militancia de base de la UP, llaman a rayar la papeleta exigiendo una asamblea nacional constituyente. Es decir, ni SI ni NO.

La segunda posición presenta un apoyo logístico y político al plebiscito volcando gran parte de sus energías, si no todas, en estimular la campaña por el SI. Esta postura la abanderarían principalmente los tradicionales sectores bolivarianos, concentrados puntualmente en Marcha Patriótica, quienes han volcado casi todos sus esfuerzos en respaldar los diálogos de paz y en llenar de base social lo acordado. Vale la pena recordar que este mismo sector depositó gran parte de sus energías en las llamadas “constituyentes por la paz”, en una apuesta por presionar socialmente para que la mesa viabilizara un proceso constituyente como mecanismo de refrendación e implementación de lo acordado, hasta que la insurgencia renunció en lo inmediato a dicha pretensión.También encontramos a Congreso de los Pueblos y el resto del camilismo, quienes han depositado sus esfuerzos en la campaña por el SI a la vez que exigen que se haga pública la mesa de negociación con el ELN y manifiestan, sin mayor fuerza, las ausencias y límites de lo acordado en La Habana. Hoy la “Marcha” lidera, secundada por “Congreso” y un variopinto del movimiento social, la campaña por el SI para el plebiscito moviendo campañas sectoriales en torno a la paz.

En términos globales el panorama de la izquierda se mueve dentro de una primera postura que bajo una posición muchas veces sectaria y simplista le resta importancia a las posibilidades que abre el actual momento histórico y una segunda que ha agotado el grueso de su agenda de trabajo en lo que se diga y se haga en La Habana, llevándolo a tomar posiciones erradas sobre la agenda propia del movimiento social que no elude la paz, pero sí debería aterrizarla y develar los límites de lo acordado.
Esta gran polémica se da en medio de una tensión sobre lo que significaría para la disputa político-electoral la terminación del conflicto con la guerrilla más grande del país: si el proceso lograse tener un éxito relativo el escenario más probable parece ser el del blindaje de la Unidad Nacional para sostener su lugar en el ejecutivo y su mayoría legislativa, de lo contrario parece ser el Uribismo el que tendría mayor capacidad de capitalizar los errores de lo acordado a la vez que la izquierda se muestra incapaz de presentar alternativas de mayorías.

Hacia la construcción de una alternativa libertaria



miércoles, 3 de agosto de 2016

¿Juegos olímpicos o juegos de tronos?

Con significativa lucidez Guy Debord proclamó que en capitalismo contemporáneo nos toca vivir o sobrevivir en la “sociedad del espectáculo”.En efecto, emergen nuevamente los Juegos Olímpicos, competencia deportiva ecuménica, verdadero festival de sponsors y que ayudará al bombardeo mediático para distraer a las masas a nivel global de los brutales ajustes socio económicos, los cotidianos bombardeos en la zonas de conflicto de Asia y Africa, de la trágica y humillante situación de miles personas desplazadas por las guerras. “Refugiados” que no hallan refugio sino encierro y xenofobia.
Mientras en la ciudad carioca los atletas desfilen bajo los patrióticos estandartes de las lides guerreras simuladas en competencias de destreza física, en esa misma urbe, los excluidos continuarán arrastrando sus miserables vidas en las calles y favelas con la acechanza de las fuerzas represivas estatales.
Es paradójico que este despliegue de alegrías inducidas se dé en Brasil, país en el cual estos juegos fueron motivo de enroques políticos, denuncias de negociados y hasta la deposición de la presidenta.
Hoy como ayer, el deporte es la pantalla que pretende encubrir las contradicciones sociales y las maniobras políticas.
Cabe señalar que en Francia los fastos de la Eurocopa de fútbol no pudieron frenar las masivas protestas contra la reforma laboral regresiva del gobierno de Hollande.
Bombardeo mediático, coartadas espectaculares y la cruda realidad rasgando todos los velos de la hipocresía de los poderosos del mundo.