domingo, 15 de julio de 2012

Paraguay y el golpe de estado parlamentario a ojos de lxs anarquistas

Desde la asunción del gobierno Lugo, en agosto 2008 ese proceso de cambio se ha traducido, entre otras cosas, en una calma en la conflictividad social, disminución de las movilizaciones sociales, aumento de las ganancias de los especuladores financieros e inmobiliarios y de las multinacionales de los agronegocios, y en una sostenida política de criminalización de los movimientos sociales en lucha, llegando al extremo de militarizar algunas zonas geográficas del país, con la excusa del surgimiento de una “guerrilla” que secuestró a un empresario ganadero.

Con todo, el gobierno de Lugo implicó un cambio en la dinámica política del país, y por vía del ejecutivo vino a fortalecer a un nuevo jugador en la escena política: el progresismo de izquierda. Este progresismo de izquierda logró incrementar sus vínculos con los sectores populares a través de la gestión de programas y proyectos sociales y culturales, lo que le dio una visibilidad preocupante para los dos partidos tradicionales (ambos de derecha: el liberal y el colorado), de cara a las próximas elecciones (2013). Preocupante sobre todo para el partido liberal en tanto una parte interesante de su dirigencia de base y media, establecía una alianza con la izquierda progresista.

La amenaza del uso del juicio político como instrumento para sacar a Lugo del ejercicio del poder ejecutivo se hizo una constante desde los primeros días de la presidencia Lugo, al mismo tiempo que el gobierno, para combatir esa amenaza intentó, en general, dos caminos: controlar la conflictividad social y expandir la alianza gobernante hacia la derecha, incorporando a sectores del partido colorado al gobierno, El control social se hizo a través de los mecanismos clásicos de uso por gobiernos progresistas: combinación de negociación y cooptación con represión intensiva. La presencia en cargos de gestión y decisión en el ejecutivo de militantes y dirigentes de izquierda, así como de dirigentes de ongs, permitió sostener al gobierno un intercambio fluido de opiniones con los movimientos y organizaciones sociales, hacerlas parte de la gestión de proyectos y dotarles de recursos para llevar a cabo iniciativas y propuestas en el ámbito social, al mismo tiempo que en ámbitos de salud y otras áreas sociales, se incorporó masivamente a dirigentes o agentes sociales, estrechando el vínculo con las organizaciones sociales de base. La represión asumió dos vías principales: una, indirecta, fue a través de los partidos políticos de izquierda o progresistas que llamaron sistemáticamente a sus bases y entorno a no criticar y no entorpecer con movilizaciones “el proceso” y la segunda vía, directa, fue criminalizar a los movimientos sociales que aparecieran más “radicales”, vinculándolos con el supuesto “terrorismo” que lleva el nombre de EPP, una suerte de guerrilla surgida en el norte del país, con orígenes y desarrollo no muy claros, pero muy bien usado para justificar una dura represión a los movimientos campesinos de la zona.

La combinación de ambos factores provocó un inmovilismo de los movimientos sociales que duró toda la era Lugo.

Por otra parte, la cultura prebendaria colorada como forma de hacer política no fue combatida con éxito por parte de la izquierda y el progresismo en el poder. Salvo excepciones, las prácticas prebendarias y corruptas del coloradismo, sobre las cuales se asentaban sus relaciones electorales, fueron reproducidas por la izquierda en el poder, siendo alguna de estas prácticas filtradas a la prensa de derecha quienes la usaron para tildar a la izquierda de corrupta, en el afán de lavar la cara a la derecha, hasta el momento la representante por antonomasia de la corrupción. Tal es así, que incluso la práctica del arreo (llevar masas de gente a manifestaciones y movilizaciones a cambio de algunas compensaciones monetarias o alimenticias) también fueron usadas por la izquierda.

Es en este escenario, que se da la matanza de Curuguaty (viernes 15 de junio 2012) en la cual 11 campesinos y 6 policías fueron muertos en una balacera iniciada por la policía. Las muertes policiales, de acuerdo a declaraciones de testigos campesinos, se debieron a “fuego amigo”, todas menos una. La matanza fue aprovechada por la prensa derechista (casi la única existente en el país) para culpar a los campesinos, calificándolos de asesinos, delincuentes y terroristas, esto sin haber llevado a cabo ninguna investigación, medianamente seria sobre los hechos.

La izquierda se sumió en el estupor, el gobierno sólo aceptó la versión policial (funcional a la estrategia mediática de la derecha de criminalizar a los campesinos en lucha por la tierra) y los movimientos campesinos tomaron la iniciativa para solidarizar y actuar en terreno para ayudar a los campesinos y campesinas sin tierra que estaban siendo perseguidos, reprimidos y encarcelados en la zona.

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