domingo, 29 de mayo de 2016

Seguridad, DDHH y paz: retórica autoritaria en el Plan de Desarrollo de Medellín 2016-2019

Con el interés de adentrarse en la discusión de la construcción del nuevo Plan de Desarrollo de Medellín que guiará el destino para el próximo cuatrienio 2016-2019, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) presenta este documento con una serie de planteamientos que van desde la crítica hasta la invitación, partiendo de re-conocer inicialmente la organización del Plan en sus siete dimensiones estratégicas y los retos, programas y proyectos que componen cada una de ellas. 

En el presente análisis, el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, apoyado por Misereor, profundiza en el apartado de Seguridad, Derechos Humanos y Paz, que hace parte de la Dimensión 2 del anteproyecto del Plan de desarrollo, denominada: “Entre todos recuperamos la seguridad y la convivencia ciudadana”.

En su ejercicio de reflexión y aportes desde la crítica, el Observatorio concluye que el apartado de Seguridad, Derechos Humanos y Paz, parte de un exiguo y descontextualizado diagnóstico que resulta limitado e insuficiente, lo cual conduce a la formulación de unos programas, proyectos, y retos inadecuados e impertinentes para resolver las graves problemáticas de la ciudad.

Un grave vacío en el diagnóstico, consistente en la falta de claridad sobre el tipo de organizaciones criminales y armadas que tienen presencia en el territorio, las formas como operan, los territorios en los que actúan y el tipo de intereses y lógicas que motivan su radicación en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá.

En su análisis, el Observatorio identifica temas tan graves como complejos, tan históricos como estructurantes, que pasan de agache en el paisaje del nuevo plan de desarrollo en general y en el planteamiento de una nueva política para la seguridad en Medellín.

Algunos de esos temas son: el lavado de activos, la delincuencia organizada y sus negocios transnacionales, los casos de grandes delincuentes que pagaron condenas en EU y han salido en libertad sin tener procesos pendientes en Colombia, la insistencia en cámaras de seguridad que no resuelven el crimen organizado, las intervenciones populistas en determinados territorios como el centro, y la corrupción en la fuerza pública.

De otro lado, se cuestiona el enfoque de seguridad que se promueve en la propuesta de Plan, dado que éste da continuidad a los postulados securitarios de las denominadas políticas de seguridad democrática, arraigadas desde el año 2002. A lo cual se suma que la lógica de actuación dentro del Plan es contradictoria en términos del enfoque de Derechos Humanos.

Un aspecto sobre el cual llama la atención el documento, es el proyecto de “Incentivos para los organismos de seguridad y justicia” (2.1.3.4.), no solo por el antecedente inmediato de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, suscitadas en gran medida por la existencia de alicientes y presiones para incrementar los resultados en materia de seguridad, sino porque los mismos se extienden a los organismos de justicia, máximos responsables de salvaguardar los derechos y garantías de las personas en eventuales procesos judiciales.

Así mismo, se ponen en cuestión asuntos problemáticos, que entran en contradicciones, tales como: el papel de la fuerza pública, la institucionalidad, su función y acción en los diversos niveles y roles, y el marco relacional con las organizaciones de la sociedad civil.

Observatorio de Derechos Humanos y Paz
Instituto Popular de Capacitación. 


martes, 24 de mayo de 2016

La crisis urbana y la movilización social en Colombia

Las ciudades colombianas viven una crisis tan extendida en todos sus ámbitos que al investigar la movilización social y ciudadana en los centros urbanos, nos damos cuenta que los reclamos abarcan temas tan variados como la infraestructura vial, la seguridad, la garantía de derechos sociales, el cuidado del ambiente, entre otros. 

Esta realidad de problemáticas y conflictos esparcidos por todas las localidades y comunas de las ciudades colombianas, se enmarca en un contexto más amplio de crisis generalizada de las ciudades en Colombia. Sin hablar de la crisis de los campesinos, y de las comunidades indígenas y afrodescendientes. 

No es si no mirar las cifras para darse cuenta que las ciudades colombianas, no son lugares que garanticen condiciones de vida digna: un déficit de vivienda cualitativo y cuantitativo que alcanza el 40% de los hogares, es decir que de cada 10 familias 4 vive con malas condiciones de vivienda; las altas tasas de cobro de los servicios públicos, que ahora son operados por empresas privadas, argumentando falsamente más eficiencia (qué dicen las comunidades de la costa que lleva años peleando con el pésimo servicio de Electricaribe); tasas de informalidad laboral que superan el 60% de la población trabajadora; desalojos permanentes; personas muriendo esperando el servicio de salud, comunidades afectadas por las incursiones mineras en suelo urbano, la especulación inmobiliaria y un largo sin fin de problemáticas que vulneran de manera particular a las comunidades marginadas habitantes de los barrios populares en las laderas y orillas de los ríos.

De esta manera surge la pregunta de cómo solucionar la crisis de las ciudades, de cómo hacer de los centros urbanos (hogar de más del 70% de la población colombiana) hogares dignos para las generaciones que nacemos en las urbes, o para las que nos desplazamos desde el campo, por la violencia, o por la pobreza.

La proyección del Gobierno
El gobierno nacional en el último Plan Nacional de Desarrollo presentó un sistema de ciudades como un mecanismo de coordinación de la aplicación de políticas públicas en las urbes. Su enfoque se perfila en un documento consultivo del año 2013 en el que plantea que su objetivo es: “tratar de entender las ciudades como si operaran en un red, en donde se pudieran evidenciar las ventajas de pertenecer al algún subsistema, fundamentadas particularmente en la generación de economías de  aglomeración (tanto en la esfera productiva como administrativa) y economías de escala en la prestación de servicios y la producción de bienes”.

Como siempre, los planes, programas y proyectos adelantados por el gobierno nacional, para incidir en el territorio y las comunidades está orientado por el criterio económico y mercantil; y ni siquiera en una perspectiva de garantizar las necesidades de la población que habita el territorio, sino de insertar a las ciudades en los circuitos y redes globales, que benefician a los grandes inversores. 

El país necesita con urgencia y apremio avanzar en discusiones democráticas sobre las soluciones a los problemas de las ciudades y la proyección del futuro de éstas. Aunque nos resistimos como pueblo a la desaparición del campesinado como sujeto político y reafirmamos su centralidad, no podemos desconocer la realidad de unas urbes en expansión, y creciente complejidad.



ESMAD AGREDE CON BOMBAS ATURDIDORAS A ESTUDIANTES DE LA UDISTRITAL


Tras la asamblea general que se llevó a cabo el pasado viernes en la sede administrativa de la Universidad Distrital, para evaluar la respuesta del Consejo Superior ante el pliego de exigencias, por lo menos 200 estudiantes salieron a las calles a comunicar a la ciudadanía las problemáticas por las que atraviesa la institución, cuando fueron agredidos por efectivos del ESMAD con pistolas marcadoras y bombas aturdidoras. 

Seis estudiantes resultaron heridos, a uno de ellos le estalló una bomba aturdidora en el brazo izquierdo; sin embargo, están fuera de peligro, asegura John Noguera, y agrega que cuando intentaron resguardarse en las instalaciones de la Universidad, el ESMAD acordonó el lugar y durante hora y media grabó con celulares los rostros de quienes acampan en esta sede.

Noguera afirma que este martes se espera el pronunciamiento del Consejo Superior sobre la posible suspensión del semestre; sin embargo, la decisión tomada durante la asamblea es que el paro continúa así se suspenda el semestre. Entretanto miembros de la Fiscalía adelantan investigaciones en la sede tecnológica para esclarecer los hechos que rodean el ataque contra el estudiante Miguel Ángel Barbosa.

En la mañana de este lunes, funcionarios de la Universidad ingresaron a la fuerza por el parqueadero de la sede administrativa, luego irrumpieron violentamente por el séptimo piso y agredieron a algunos de los estudiantes. Algunas organizaciones estudiantiles y defensoras de derechos humanos como el CPDH y la Defensoría se hicieron presentes para garantizar la seguridad de los estudiantes, quienes continúan en la toma pacífica del edificio.



lunes, 16 de mayo de 2016

VUELVE EL PARO NACIONAL TRAS DOS AÑOS DE INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO

El próximo 30 de mayo será la hora cero para el Paro Nacional Minga Agraria, Étnica y Popular, con la finalidad de exigirle al gobierno del presidente Santos el cumplimiento de los acuerdos pactados en negociaciones anteriores y acciones inmediatas frente a las políticas económicas que afectan a las comunidades y territorios. 

Este Paro surge como respuesta a los diferentes incumplimientos por parte de Santos a los pliegos de exigencias pactados anteriormente con el movimiento social y a la profundización de las políticas económicas en los diferentes territorios del país y se ha construido a partir del diálogo entre las comunidades y organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria Étnica y Popular.
Estos son los 8 puntos que el gobierno Nacional ha incumplido:

Tierras, territorios y ordenamiento territorial: En este punto las comunidades le han exigido al gobierno que sean ellas las que redefinan como se organiza el territorio, que se reconozca al campesinado como sujeto de derechos, que se reconozcan las zonas de reserva campesina, los territorios indígenas y ancestrales, las zonas agroalimentarias, los territorios afrocolombianos.  Territorios que se ha visto afectados por la nplementación de un modelo agroindustrial y mineroenergético que esta genenrando despojo en los territorios.

La economía propia contra el despojo:  Las diferentes organizaciones y comunidades exigen al gobierno que se derogue la ley ZIDRES que ha promovido inversión por parte multinacionales y agroindustriales, afectando a los pequeños productores campesinos, las comunidades rurales y sus prácticas culturales. A su vez plantean la defensa de la soberanía y seguridad alimentaria a través de proyectos institucionales que estén hechos a partir de la realidad de las comunidades. De otro lado expresan que las comunidades también deben participar de la construcción de lo que sería una Reforma Tributaría que incluya las problemáticas de los sectores populares.

Minería, Energía y Ruralidad: Las últimas licencias otorgadas en diferentes partes del país a multinacionales para la explotación del subsuelo ha incumplido con los acuerdos sobre la moratoria minera, la obligación de las sentencias de consulta previa a las comunidades para los proyectos de extracción y explotación del subsuelo, y el replanteamiento de una política minero energética más amigable con la tierra.

Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia: Las comunidades y organizaciones exigen al gobierno la derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, garantías y respeto a los derechos humanos para las comunidades, debido a las situaciones de hostigamientos que se han presentado en diferentes territorios , a su vez exigen que se establezca una política real que confronte al paramilitarismo que se encuentra activo y amenaza a las comunidades diariamente.


¿Quién la tiene Clara?

Quizás resulta extraño iniciar un escrito de nuestra autoría citando a la actual Ministra de Trabajo del Gobierno Santos, sin embargo, lejos de un viraje a la socialdemocracia,  nuestra intención radica en desglosar algunos de los elementos analíticos que permitan comprender el porqué de la decisión de aceptar el cargo, de la hasta entonces Presidenta del “único” partido de oposición de “Izquierda” en nuestro país. Suspicacia debe producir el comportamiento de este personaje que desde su discurso  ha enunciado tener  como bien supremo el punto común de la Paz, y para ello,  decide apoyar el plan de gobierno de Juan Manuel Santos haciéndose parte del mismo. 

El panorama desde un principio nos llena de dudas, si tenemos en cuenta que  el empalme entre el anterior Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, otrora, sindicalista Burocrático consagrado,  será muy fácil ya que los dos han estado  en contertulio desde la Administración que “Lucho” lideró en la Capital entre los años 2004 y 2007. En consecuencia, antes que un cambio en la orientación del Ministerio, lo que factiblemente encontremos es la continuación del proyecto vigente robustecido con la ralea burocrática de “izquierda”.

En contraposición a lo que se podría llegar a afirmar, somos conscientes  del momento que estamos viviendo en Colombia y las implicaciones que derivan de la decisión de las insurgencias de negociar con el Estado la dejación de armas, entre otras acciones, como parte necesaria para generar las condiciones para que les permitan hacer política dentro de los marcos del establecimiento. Por ello creemos pertinente remitirnos a lo que  la nueva ministra de trabajo cree en que está en juego en  el actual proceso de Paz con las FARC-EP en La Habana.

En estos momentos, tres de los seis puntos establecidos en las conversaciones previas, tienen un acuerdo parcial entre las dos partes, puntos de relativa importancia si se mira lo que falta, estos son: Política de desarrollo agrario integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas. En conversaciones están el resto de puntos que se consideran los más espinosos y por tanto más importantes para el desarrollo efectivo de un pacto de no agresión entre las dos partes; víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación  y refrendación de lo pactado. Es decir, el punto crucial al que hace referencia Clara López, es el de una intencionalidad de las dos partes por concretar un cese de hostilidades y una posibilidad para ingresar a la lucha parlamentaria sin prejuicios. Tema de más complicado, pero que no logra discutir el avance de las políticas Neoliberales en el modelo de país que impulsa un gobierno como el de Juan Manuel Santos, que si se lee un poco de historia económica, va totalmente encaminado a lo que la otra “oposición”, la de derecha en cabeza del Centro Democrático, le ha apostado desde sus inicios, es decir entregar las tierras y la fuerza productiva del país a las multinacionales.

Este gabinete que bien lo dice la Ministra se ha conformado para el Posconflicto (Posacuerdo para nosotras), motivo por el cual a ella se le encomendó seguir con las políticas de gobierno, en el sector laboral, que dejo implementadas Lucho Garzón. Se adecua con los lagartos y estrategas de siempre, como el nuevo ministro de ambiente, Luis Gilberto Murillo, experto en Minería a Cielo Abierto, que tiene la tarea de ajustar el sector agroindustrial y minero-energético a los nuevos territorios que van a ser explotados donde antiguamente hacia presencia la insurgencia.



martes, 10 de mayo de 2016

"Lectura en voz alta -en inglés- de la obra de Emma Goldman: "anarquismo y otros ensayos".

"Lectura en voz alta -en inglés- de la obra de Emma Goldman: "anarquismo y otros ensayos".

Metodología: el texto está compuesto de doce capítulos, por lo tanto se propone la lectura de cada capítulo en 12 sesiones, una por cada capítulo de la misma. La idea es leer en voz alta, además de asegurar la comprensión en términos lingüísticos, léxicos y rítmicos.

La obra se encuentra en el siguiente link: 

Las sesiones se realizarán cada martes a las 6 pm (pudiéndose extender hasta las 9 pm).

Se sugiere a lxs interesadxs confirmar participación.

Fecha de inicio: 17 de mayo


EL MUNDO DEL TRABAJO A TRAVÉS DEL CINE.


El primero de mayo es reconocido en el mundo como un día de actividades de movilización relacionadas con el trabajo, en el cual se mezclan infinidad de concepciones, prácticas, deseos y añoranzas de muchos individuos y grupos organizados, aun su carácter reivindicativo de las luchas del proletariado mundial no parece en nuestros días haber una confrontación de clases tal como las ocurridas en Chicago a finales del siglo XIX. De ahí la obvia excusa para que reflexionemos sobre eso del trabajo y el trabajador. ¿Ha mejorado su situación? ¿Se vislumbran siquiera en el horizonte las siluetas de una nueva sociedad? ¿Se ha perdido el rumbo o nunca lo ha habido?


TRAILER DE LAS PELICULAS

MAYO O6. PAN Y ROSAS, 2000 

MAYO 13. CATASTROIKA, 2012 

MAYO 20. LA TOMA, 2004 

MAYO 20. LA TOMA, 2004 


lunes, 9 de mayo de 2016

Movilización Pacífica por el cuidado de la vida y el territorio ancestral afrocolombiano

Norte del Cauca. 

41 consejos comunitarios de esta región asociados en ACONC y las organizaciones etnicoterritoriales, convocan al pueblo negro, afrocolombiano, a la movilización pacifica por el cuidado de la vida y el territorio ancestral afrocolombiano

Teniendo en cuenta la violación de los derechos étnicos territoriales, amenazas, muertes y desplazamiento de líderes y lideresas afrocolombianas del norte del Cauca, los 41 consejos comunitarios de esta región asociados en ACONC y las organizaciones etnicoterritoriales, convocan al pueblo negro, afrocolombiano, a la movilización pacifica por el cuidado de la vida y el territorio ancestral afrocolombiano.Donde exigimos el cumplimiento de la siguiente agenda por parte del gobierno nacional:

1. Exigimos comprar tierra y titular colectivamente para el reconocimiento de los consejos comunitarios del norte del Cauca.
2. Exigimos la consulta, consentimiento previa libre e informada que se vincule a las comunidades del área de influencia de los consejos comunitarios, donde se priorizan los siguientes cuatro proyectos:
a. Doble Calzada, Villa Rica – Santander de Q. – Popayan
b. Acueducto regional Afrocaucana de Aguas
C. PLAN PACIFICO
d. Transición empresas beneficiarias Ley Páez a zona franca

3. Exigimos construcción de ruta de cumplimento de acuerdos (acuerdo Salvajina, San Rafael 2013, 7 de Mayo de 2014, Movilización de mujeres diciembre 2014).
4. Exigimos diseñar la ruta de reparación colectiva y restitución de derechos territoriales, UARIV y URT decreto 4635 2011.
5. Exigimos respaldar al COMPA y la Comisión Etnica, en la incidencia para un enfoque diferencial en los procesos de negociación de paz y establecer ruta de participación en la implementación de los acuerdos.
6. Exigimos título de reserva especial minera en los territorios ancestrales de los consejos comunitarios del norte del Cauca.
7. Exigimos que los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y los programas del Departamento para la Prosperidad Social, DPS, implementados con enfoque étnico diferencial y acorde a Plan de Etnodesarrollo propio.
8. Exigimos programa de mejoramiento y construcción de vivienda rural afro gratuita (20.000 viviendas).
9. Exigencia de garantías de derechos humanos para defensores de los derechos étnico – territoriales de comunidades negras.

Por eso pueblo negro, afrocolombiano del norte del Cauca, Movilizate, por la paz, la dignidad, el cuidado de la vida y el territorio ancestral afrocolombiano, norte del Cauca



TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA PETROLERA SE COSIERON LA BOCA EXIGIENDO SUS DERECHOS

6 May 2016

12 extrabajadores que ahcen parte de la Asociación de Trabajadores Discapacitados y Enfermos de la Industria Minero Energética, ASOTRADEIMENE, permanecen desde hace 18 días encadenados y algunos con la boca cocida en las puertas del Palacio de Justicia de Neiva, con el fin de llamar la atención frente a la violación de sus derechos fundamentales por parte las empresas de la Industria Minero Energética.

Estos trabajadores se enfermaron y sufrieron accidentes laborales mientras trabajaban en empresas petroleras, que nunca les respondieron por lo sucedido. Desde la ASOTRADEIMENE, denuncian además  los despidos injustos y el no reconocimiento de pérdida de capacidad laboral por enfermedades, accidentes, lesiones y discapacidades originadas en el trabajo.

De acuerdo con los trabajadores y la denuncia publicada por el representa Alirio Uribe, las empresas, por su parte, realizan procesos de reubicación laboral, mal orientados, esto con la intención de justificar un futuro despido de los trabajadores en condición de discapacidad. De igual forma, no se cumple con los procesos de rehabilitación.


En principio fueron 16 personas de ASOTRADEIMENE que se encadenaron, pero hoy quedan 12, 3 de ellos con los labios cocidos exigiendo respuestas y acciones por parte del Estado para que se les garanticen sus derechos.

miércoles, 4 de mayo de 2016

DENUNCIA PÚBLICA DE AMENAZAS PARAMILITARES A MILITANTES LIBERTARIOS

Desde diferentes organizaciones libertarias denunciamos las amenazas que han venido sufriendo en los últimos días compañeros libertarios que desarrollan actividad política con el pueblo Nasa, y en especifico con el Proceso de Liberación de la Madre Tierra, que se viene desarrollando desde hace más de 3 años en el Norte del Cauca. 

Las amenazas fueron proferidas esta semana desde grupos paramilitares que hacen presencia en los municipios de Corinto y Caloto. Dentro de las personas amenazadas, entre ellas dirigentes indígenas y campesinos, fueron declarados objetivos militares 3 compañeros anarquistas que llevan conviviendo y luchando con la comunidad Nasa desde hace cerca de 4 meses. Entre las personas amenazadas se encuentra un estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional, que durante este semestre viene realizando trabajo político en el Norte del Cauca, siendo reconocido en dicha universidad como un comprometido militante del Grupo Estudiantil Anarquista, metido de lleno en el fortalecimiento de espacios organizativos de base (entre ellos los consejos estudiantiles y las movilizaciones en defensa de una educación crítica y combativa). Actualmente se desempeña como corresponsal del proceso Lucha Libertaria – Rebeldía Contrainformativa en el Norte del Cauca y es militante activo del Núcleo Comunista Libertario.

Hechos:

El Proceso de Liberación de la Madre Tierra es una iniciativa que ha venido impulsando las diferentes asambleas y resguardos del pueblo Nasa en el Norte del Cauca, que tiene como antecedente inmediato la toma de la Hacienda La Emperatriz en el municipio de Caloto en el 2005 y la ocupación de cerca de 7 Haciendas en el municipio de Corinto en Diciembre de 2012, viéndose extendidas las prácticas de acción directa de toma de tierras en los últimos meses en otros 5 resguardos. La mayor parte de estas Haciendas, sobre todo las más grandes, están en manos de terratenientes locales y del magnate industrial y de medios Ardilla Lule. En medio de esta lucha, cerca de una docena de comuneros nasa han sido asesinados y cientos más heridos por el Ejército Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) o grupos paramilitares, todos ellos actuando en consonancia.

Durante el presente año, donde se conmemoran 45 años de la fundación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el proceso se ha visto fortalecido con la apertura de nuevas iniciativas. En ese contexto, la militarización y paramilitarización se han visto también extendidas en medio del cese al fuego de facto decretado entre las FARC (que tienen fuerte presencia en la zona) y el gobierno nacional. Durante las últimas mingas de liberación han habido fuertes choques entre la fuerza pública y los indígenas Nasa, presentándose el caso de baleamiento a camionetas de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca y el patrullaje de hombres con armas largas en las principales vías de la región en camionetas blancas y con vidrios polarizados, amenazando a habitantes de la región. En particular, y anterior a las amenazas, los compañeros amenazados han recibido disparos por parte del Ejército Nacional (cuando se desplazaban en camionetas) y por grupos paramilitares (en medio de las mingas).

En los últimos días han aparecido una serie de panfletos firmados por grupos paramilitares declarando como objetivos militares a conocidos activistas indígenas y personas solidarias con ellos, entre estos, nuestros tres compañeros libertarios nombrados en un comunicado en el municipio de Caloto donde se les amenaza de muerte ante la negativa de abandonar la región a causa de su activismo político.

Dicha amenaza no solo representa un atentado contra nuestros compañeros sino contra la propuesta política de varios sectores anarquistas que hemos venido desarrollando propuestas de acompañamiento a los resguardos en su lucha por liberar la Madre Tierra (que ha venido desarrollando prácticas libertarias como la democracia directa y el asamblearismo), desde una perspectiva política y pedagógica.

Pedimos:

Ante tal hecho que nos toca en lo inmediato, convocamos a organizaciones sociales, revolucionarias, de izquierda y libertarias del país y a nivel internacional a seguir denunciando la expansión paramilitar que vive actualmente Colombia y se ha saldado este año con cerca de una centena de defensores de derechos humanos y militantes populares muertos o desaparecidos. En ese sentido, convocamos especialmente a compañeras e iniciativas de corte libertario a redoblar las acciones de solidaridad con la lucha por la Liberación de la Madre Tierra en el Norte del Cauca y pronunciarse contra este tipo de amenazas.

No sobra recordar que nuestra lucha por una nueva educación, la organización desde abajo, la solidaridad efectiva, la liberación de la tierra, la construcción de una alternativa libertaria de lucha y la libertad absoluta de las oprimidas seguirá hasta que el sol se apague.

martes, 3 de mayo de 2016

Comunidad de El Bagre llora una nueva víctima del paramilitarismo

La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó denuncia el asesinato de William Hoyos, el presunto homicidio de tres personas más y la grave situación en materia de derechos humanos que se presenta en el municipio El Bagre en el departamento de Antioquia.

Las comunidades del municipio El Bagre vienen siendo víctimas de violaciones a los DDHH y al DIH por parte de diversos actores del conflicto armado presentes en la región. Desde noviembre de 2015 se han arreciado los combates contra los grupos paramilitares Autodefensas Gaitanistas o Clan Úsuga por parte de las Farc y el ELN. Los paramilitares vienen amenazando constantemente a la comunidad señalándola de colaborar con la guerrilla, han desaparecido y asesinado a varias personas.

El pasado 28 de abril en horas de la tarde, en la plaza central del corregimiento Puerto Claver, del municipio El Bagre, sicarios presuntamente pertenecientes al grupo paramilitar Clan Úsuga hirieron de gravedad al exconcejal municipal William Hoyos, quien se dedicaba a la agricultura y el comercio. En el lugar en donde lo asesinaron permanece acantonado desde hace meses un grupo de efectivos del Ejército Nacional (adscritos presuntamente al Batallón Especial Energético Vial No.5), quienes no atendieron a las súplicas de los pobladores para que acompañaran al herido hasta el hospital de la cabecera municipal de El Bagre, luego de que los funcionarios del puesto de salud lo estabilizaran y se dispusieran al traslado de la víctima. Debido a la negativa de los militares de acompañar a la misión médica para que se trasladara por vía fluvial a El Bagre, cuando estaba próxima a llegar a su destino fue interceptaba por otro grupo de paramilitares, quienes amenazaron a la misión médica y los obligaron a lanzarse al río para posteriormente ultimar a William Hoyos.

En las últimas dos semanas Aheramigua ha sido informada de tres homicidios de cuyas víctimas, a causa de la difícil situación de orden público, no se ha podido establecer sus identidades. Dos jóvenes habrían sido asesinados en una taberna de la vereda Palizada, ubicada frente a El Bagre, cruzando el rio Nechí. La otra víctima sería un mototaxista de El Bagre quien habría sido asesinado por sicarios paramilitares.

Por todo lo anterior se exige al Gobierno Nacional que garantice la seguridad de los habitantes de El Bagre y desmantele las organizaciones paramilitares que actúan en la región. Asimismo llevar a cabo las medidas pertinentes que brinden las garantías y efectividad de los derechos humanos a la vida, la integridad personal y psicológica, al trabajo, la libre movilidad, y el acceso a la justicia. A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y a las demás autoridades pertinentes que investiguen los hechos denunciados y se tomen medidas contra los responsables. A la Fiscalía General de la Nación que inicie las respectivas investigaciones por los tres presuntos asesinatos cuyas identidades se desconocen.

Se solicita a los organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos intervenir con carácter urgente para exigir soluciones inmediatas al Estado colombiano. A la comunidad nacional e internacional el acompañamiento a estas comunidades golpeadas por los actores armados.