domingo, 29 de mayo de 2016

Seguridad, DDHH y paz: retórica autoritaria en el Plan de Desarrollo de Medellín 2016-2019

Con el interés de adentrarse en la discusión de la construcción del nuevo Plan de Desarrollo de Medellín que guiará el destino para el próximo cuatrienio 2016-2019, el Instituto Popular de Capacitación (IPC) presenta este documento con una serie de planteamientos que van desde la crítica hasta la invitación, partiendo de re-conocer inicialmente la organización del Plan en sus siete dimensiones estratégicas y los retos, programas y proyectos que componen cada una de ellas. 

En el presente análisis, el Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, apoyado por Misereor, profundiza en el apartado de Seguridad, Derechos Humanos y Paz, que hace parte de la Dimensión 2 del anteproyecto del Plan de desarrollo, denominada: “Entre todos recuperamos la seguridad y la convivencia ciudadana”.

En su ejercicio de reflexión y aportes desde la crítica, el Observatorio concluye que el apartado de Seguridad, Derechos Humanos y Paz, parte de un exiguo y descontextualizado diagnóstico que resulta limitado e insuficiente, lo cual conduce a la formulación de unos programas, proyectos, y retos inadecuados e impertinentes para resolver las graves problemáticas de la ciudad.

Un grave vacío en el diagnóstico, consistente en la falta de claridad sobre el tipo de organizaciones criminales y armadas que tienen presencia en el territorio, las formas como operan, los territorios en los que actúan y el tipo de intereses y lógicas que motivan su radicación en la ciudad de Medellín y en el Valle de Aburrá.

En su análisis, el Observatorio identifica temas tan graves como complejos, tan históricos como estructurantes, que pasan de agache en el paisaje del nuevo plan de desarrollo en general y en el planteamiento de una nueva política para la seguridad en Medellín.

Algunos de esos temas son: el lavado de activos, la delincuencia organizada y sus negocios transnacionales, los casos de grandes delincuentes que pagaron condenas en EU y han salido en libertad sin tener procesos pendientes en Colombia, la insistencia en cámaras de seguridad que no resuelven el crimen organizado, las intervenciones populistas en determinados territorios como el centro, y la corrupción en la fuerza pública.

De otro lado, se cuestiona el enfoque de seguridad que se promueve en la propuesta de Plan, dado que éste da continuidad a los postulados securitarios de las denominadas políticas de seguridad democrática, arraigadas desde el año 2002. A lo cual se suma que la lógica de actuación dentro del Plan es contradictoria en términos del enfoque de Derechos Humanos.

Un aspecto sobre el cual llama la atención el documento, es el proyecto de “Incentivos para los organismos de seguridad y justicia” (2.1.3.4.), no solo por el antecedente inmediato de las ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas “falsos positivos”, suscitadas en gran medida por la existencia de alicientes y presiones para incrementar los resultados en materia de seguridad, sino porque los mismos se extienden a los organismos de justicia, máximos responsables de salvaguardar los derechos y garantías de las personas en eventuales procesos judiciales.

Así mismo, se ponen en cuestión asuntos problemáticos, que entran en contradicciones, tales como: el papel de la fuerza pública, la institucionalidad, su función y acción en los diversos niveles y roles, y el marco relacional con las organizaciones de la sociedad civil.

Observatorio de Derechos Humanos y Paz
Instituto Popular de Capacitación. 


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